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Título: La delegación legislativa y el Estado regulatorio
Autores: Castro Videla, Santiago M.
Editorial: Ábaco, Editorial
ISBN: 978-950-569-311-5
Clasificación: Derecho Constitucional y Político
Fecha de edición: Enero de 2018
Páginas: 383
Idioma: Español
Formato: Rústica
Dimensiones: 23x16 cm
Precio: consultar

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Sinopsis

A lo largo del siglo XX se consolidó en Argentina un modelo de Estado regulatorio caracterizado por la regulación de la actividad económica en todos sus ámbitos: financiero y cambiario, tributario, aduanero, procesal, laboral, de seguros, de salud, de servicios públicos, así como en múltiples actividades de interés general. Eso no habría sido posible sin que el Congreso delegara ampliamente sus facultades de regulación de derechos en el Presidente, sus órganos subordinados, los entes descentralizados e incluso en sujetos ajenos a la Administración. Se generó así en el derecho argentino una suerte de “agujero negro de la regulación” que oculta a los ojos de la ciudadanía la gran mayoría de las regulaciones de derechos: son innumerables las adoptadas por sujetos distintos del Presidente, con baja visibilidad y sin procedimientos públicos previos. La reforma constitucional de 1994 reguló la delegación legislativa en el “Poder Ejecutivo” pero mantuvo y agravó los interrogantes. ¿Puede el Congreso delegar sus facultades en órganos subordinados al Presidente? ¿Y en entes descentralizados o sujetos ajenos a la Administración? ¿Puede delegar facultades en materia tributaria? ¿Puede autorizar a subdelegar sus facultades? En definitiva: ¿Puede el Congreso utilizar la delegación legislativa al servicio del Estado regulatorio? La obra que el lector tiene en sus manos ofrece una interpretación novedosa del texto constitucional que permite encauzar la delegación legislativa y limitar así ese modelo de Estado. Efectúa también una sistematización de los principios constitucionales e interpretativos que la rigen, aportando herramientas útiles para el análisis de su validez e impugnación. Más aún, está enriquecida por propuestas de reforma legislativa y aplicaciones prácticas a delegaciones a favor de la AFIP, el BCRA, los entes reguladores de servicios públicos, las universidades nacionales y la propia Corte Suprema.

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